El 28 y 29 de noviembre se celebrará en Madrid el 10º Congreso Nacional de Crédito. En este evento se darán cita los principales expertos y empresas del sector, como Racmo, compañía independiente y líder en recuperación de deuda.

Madrid, noviembre de 2018 – Racmo Gestión, referente en la recuperación de deuda, estará presente en el 10º Congreso Nacional de Crédito que tendrá lugar los próximos 28 y 29 de noviembre en Madrid.

El CEO de la compañía, Alfonso Cabeza, participará en una de las ponencias principales del encuentro, titulada: “La década que nos inventamos las ventas de carteras”, en la que se explicará el ecosistema que han formado compañías de recuperación de deuda en el sector del crédito y cuáles son los retos de futuro en este negocio.

Otros de los temas a tratar durante las dos jornadas del 10º Congreso Nacional de Crédito serán las tres transformaciones a las que se enfrenta el sector: digital, regulatoria y ética. El Congreso Nacional de Crédito es el evento de referencia del sector del crédito en España y a lo largo de estas 10 ediciones, ha conseguido reunir a más de 5000 asistentes, 400 patrocinadores y casi 700 ponentes.

La compañía que preside Cabeza es uno de los referentes nacionales en el ámbito de la recuperación de impagados e intermediación procesal. Racmo cuenta con profesionales que acumulan más de 20 años de experiencia en el mundo financiero y del recobro.

Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. Incidencia de esta norma desde su publicación. Opinión.

En España, a diferencia de lo que ocurría en otros países desarrollados de nuestro entorno, como por ejemplo, en los Estados Unidos, la protección de los deudores individuales, así como la concesión de una segunda oportunidad para reiniciar su actividad profesional tras un periodo de insolvencia, no existían, sino que imperaba el principio general previsto en el artículo 1.911 del Código Civil, que establece que un deudor individual debe responder de sus deudas con sus bienes e ingresos presentes y futuros.

Fue en el año 2013 cuando, como consecuencia de la crisis financiera que estaba sufriendo nuestro país desde 2007, se empezaron a adoptar medidas de protección de las personas físicas, ya sean consumidores, empresarios individuales, profesionales o autónomos. No obstante, estas medidas resultaron insuficientes y el 30 de julio de 2015 entró en vigor la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

La novedad fundamental que prevé esta norma es el “beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho”, esto es, se permite que el deudor persona física pueda exonerarse del pasivo insatisfecho, toda vez concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa (artículo 178 bis Ley 22/2003). Por tanto, la ley de segunda oportunidad permite a los afectados liquidar todo su patrimonio para quedar exonerados de sus deudas. No se trata de una dación en pago selectiva, en la que el propio deudor puede elegir qué bienes desea liquidar, sino que se trata de liquidar la totalidad de su patrimonio y sólo en ese caso podrá acceder a la “exoneración del pasivo insatisfecho”.

Asimismo, para poder acogerse a dicho beneficio es necesario que el deudor sea de buena fe y que la solicitud de exoneración sea presentada por el propio deudor ante el Juez que esté conociendo del concurso.

Otra de las novedades que prevé la Ley 25/2015, es que las deudas que no hayan quedado exoneradas, deberán ser satisfechas por el deudor en un plazo de cinco años desde la conclusión del concurso, salvo que tuvieran un vencimiento posterior. Lo importante es que durante esos cinco años, dichas deudas no podrán generar ningún tipo de interés. Transcurridos estos cinco años, el Juez podrá reconocer el carácter definitivo de la exoneración del pasivo insatisfecho, previa audiencia del deudor y de los acreedores.

Por lo expuesto, podemos indicar que la Ley 25/2015 es un texto legal lleno de luces y sombras. Por un lado, establece un mecanismo de protección para los empresarios individuales, pues las personas físicas, a diferencia de lo que ocurría con las personas jurídicas, hasta la entrada en vigor de dicha Ley no podían acogerse al principio de limitación de la responsabilidad, sino que respondían de sus deudas con todos sus bienes presentes y futuros. Por tanto, es muy positivo implantar un sistema permita a esas personas que lo han perdido todo, comenzar de nuevo y emprender un nuevo camino profesional desde cero y sin la carga de todas las deudas que puedan haber generado en su etapa anterior. Además, así evitamos que estas personas se encuentren en una situación de exclusión social y la posible economía sumergida.

Por otro lado, y como hemos avanzado, no todo son ventajas, pues la aplicación del “beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho” también viene acompañada de una serie de inconvenientes:

En primer lugar, puede acarrear lo que los economistas llaman “riesgo moral” y que se refiere a un desincentivo en las buenas prácticas de los empresarios que proviene de no tener que asumir las consecuencias de sus acciones.

En segundo lugar, el hecho de otorgar una segunda oportunidad puede suponer un aumento de la demanda de crédito, no obstante, al exonerar el pasivo insatisfecho de los deudores, las entidades financieras pueden volverse más reacias a dicha concesión y por lo tanto, disminuir el crédito y aumentar su precio o empeorar sus condiciones.

Y en tercer lugar, no podemos olvidarnos de la posición en la que quedan los acreedores, pues de aplicarse la exoneración definitiva, éstos se quedan sin ningún mecanismo para reclamar sus créditos, y por tanto permanecen en una situación de total desventaja en relación con los deudores. Y no sólo en el caso de un acreedor principal, sino también en el caso del fiador o avalista o codeudor solidario, quien tampoco podrá ejercitar sus derechos frente al deudor exonerado. En suma, consideramos que los beneficios otorgados por la Ley de Segunda Oportunidad para las personas físicas son necesarios, no obstante, deben de construirse sobre una base de controles y sobretodo, con garantías tanto para los deudores, como para los acreedores, como para el mercado, quien también puede verse gravemente perjudicado.

Cristina Domínguez Esteve

De un tiempo a esta parte, el término «compliance» convive entre nosotros y cada vez goza de una mayor importancia en el mundo jurídico y empresarial. Prueba de la enorme relevancia que ha adquirido el compliance es que fue considerado como el tema jurídico del año en la II Edición de los Premios Expansión Jurídico, celebrada en 2017. En efecto, actualmente se trata del asunto que mayor atención capta entre los abogados de empresa, por encima incluso de temas de gran repercusión internacional como el Brexit, o de otros con tantísimo impacto en la sociedad como las cláusulas suelo.

El compliance –también llamado «cumplimiento normativo»– comienza a ganar protagonismo igualmente en pronunciamientos judiciales, como la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, núm. 316/2018, de 28 de junio, la cual lo define acertadamente como el «conjunto de normas de carácter interno, establecidas en la empresa a iniciativa del órgano de administración, con la finalidad de implementar en ella un modelo de organización y gestión eficaz e idóneo que le permita mitigar el riesgo de la comisión de delitos y exonerar a la empresa y, en su caso, al órgano de administración, de la responsabilidad penal de los delitos cometidos por sus directivos y empleados».

Por lo tanto, conviene echar la vista atrás y fijarnos en aquellos hitos que han conducido a que el cumplimiento normativo sea hoy unos de los temas de mayor efervescencia.

En primer lugar, hemos de tener presente que fue la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, la que introdujo en el Código Penal la responsabilidad de las personas jurídicas; lo hizo, además, de modo que no sólo se castigarían «aquellos delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su provecho, por las personas que tienen poder de representación en las mismas», sino que, como indicase la Exposición de Motivos de la citada Ley Orgánica, también se contemplaba «la responsabilidad por aquellas infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jurídica el debido control sobre sus empleados». Como vemos, ya desde 2010 se prevé en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las empresas tanto por los actos de sus administradores, como por los actos de cualquier empleado en los casos en que no haya existido una efectiva prevención que mitigara los riesgos de comisión de un delito.

Sin embargo, la reforma de 2010 resultó insuficiente por cuanto no recogía aquellas actitudes de buen gobierno que una empresa podría adoptar con el objetivo de ejercer un debido control sobre sus empleados. Tal situación cambió con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, la cual otorgó la redacción actual al art. 31 bis del Código Penal, donde se contempla que «la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión». Incluso, el propio art. 31 bis recoge los rasgos principales que habrá de cumplir un buen modelo de organización y gestión que, en su caso, pueda eximir de responsabilidad penal a la empresa.

Consideramos que fue esta modificación del Código Penal la que dio el espaldarazo definitivo a la implantación del compliance en España, una vez que se solventaron las dudas interpretativas que la primera redacción del art. 31 bis había generado, y toda vez que se delimitó el contenido del debido control que la empresa debía ejercer sobre sus empleados.

El siguiente gran hito que hemos de tener presente es la publicación en mayo de 2017 de la Norma UNE 19601, Sistemas de Gestión de Compliance Penal, la cual «establece los requisitos y facilita las directrices para adoptar, implementar, mantener y mejorar continuamente políticas de compliance penal y el resto de los elementos de un sistema de gestión de compliance penal en las organizaciones». Como vemos, es una norma de carácter nacional elaborada por la Asociación Española de Normalización, y cuya observancia y cumplimiento por parte de una empresa la hará merecedora de una certificación que acredite la eficacia de sus modelos de organización y gestión. Si bien existe una norma de carácter internacional con el mismo contenido –la ISO 19600–, ésta es una mera norma de directrices, no de requisitos, lo que la hace inapropiada para la obtención de un certificado.

Expuesto lo anterior, se hace necesario remarcar que la implantación de la Norma UNE 19601 por sí sola no implica una exoneración automática de la responsabilidad penal de la empresa, más allá de que pueda constituir un gran indicio de que la organización ha actuado diligentemente en el sentido de prevenir y mitigar los riesgos de comisión de un delito por parte de sus empleados.

Como bien indicara la Fiscalía General del Estado en su Circular 1/2016, referente a las modificaciones incluidas en el Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, los modelos de organización y gestión no pueden en ningún caso concebirse como una suerte de seguro frente a toda acción penal. Al contrario, estos modelos deberían ser una pieza más dentro de «una cultura corporativa de respeto a la Ley, donde la comisión de un delito constituya un acontecimiento accidental y la exención de pena, una consecuencia natural de dicha cultura».

En conclusión, podemos afirmar que el compliance es actualmente uno de los grandes retos a los que se enfrentan las empresas y que más trabajo dará a las asesorías jurídicas que pretendan implementar códigos éticos de buen gobierno en las mismas. En RACMO Gestión lo tuvimos claro y fuimos pioneros en ese sentido, incorporando a nuestro funcionamiento diario un eficaz sistema de organización y control que nos otorga las mayores garantías de cara a los desafíos que afronta la compañía. En nuestro caso, factores como el trato diario con deudores o la gestión de grandes cantidades de capital nos conducen a actuar con una enorme responsabilidad y a confiar en los mecanismos establecidos por la empresa para su debido control.

Por Lorena Suárez Ramos

España cuenta desde el 31 de diciembre de 2004 con una Ley de Lucha contra la Morosidad que trata de poner coto a la práctica habitual de demorar los pagos en las relaciones comerciales entre empresas, así como entre las administraciones y éstas.

Los principales hitos de la ley consisten en establecer un límite en el plazo para efectuar el pago –de 30 días si nada ha dispuesto el contrato y, en todo caso, de 60 días como máximo después de la fecha de recepción de las mercancías o la prestación de los servicios–, fijar los intereses de demora que habrá de abonar el deudor –un 8,00 % anual para el segundo semestre de 2018– y definir una serie de cláusulas y prácticas abusivas que habrán de considerarse nulas –como sería, por ejemplo, que un deudor pretendiese obtener una liquidez adicional a expensas del acreedor–.

Sin embargo, después de más de 13 años de vigencia de la norma, no parece que la misma haya conseguido sus objetivos fundamentales. Al respecto, merece la pena traer a colación algunos datos extraídos del XI Estudio de Riesgo de Crédito que impulsan Crédito y Caución, Iberinform y el IE Business School, según el cual sólo el 41 % de las empresas tienen un plazo medio de cobro inferior a los 60 días, siendo destacable que un 14 % de las empresas cobran habitualmente sus facturas incluso pasados 90 días. Por lo tanto, en un entorno en el que, según el citado Estudio, un 9 % de las empresas sufren riesgo real de quiebra a consecuencia de los retrasos en los cobros, parece evidente que hemos de replantearnos la efectividad y utilidad de la Ley de Lucha contra la Morosidad.

Esa misma reflexión ha llegado al Congreso de los Diputados, donde desde el año 2017 se tramita una Proposición de Ley de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales cuyo cometido es la creación de un régimen sancionador que penalice con mayor vehemencia las prácticas dilatadoras y que logre, de una vez por todas, erradicar una situación en la que las empresas morosas apenas sufren consecuencias por no pagar en el plazo estipulado.

Y es que, al respecto, no debemos pasar por alto que apenas una de cada diez empresas reclama a sus deudores los intereses de demora previstos en la Ley –temerosas muchas de ellas de perder clientes duraderos por la exigibilidad de tales intereses–, lo que nos indica que la norma actual no contiene herramientas eficaces para combatir la morosidad en relaciones comerciales.

Por este motivo, el nuevo régimen sancionador previsto otorga a las Comunidades Autónomas la potestad para, ya sea de oficio o a instancia de parte, velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley, para lo que se les facilita el gran instrumento que supone el nuevo sistema de sanciones.

En efecto, la proposición de ley contempla la distinción entre infracciones leves, graves y muy graves. Entre las primeras se encontraría, por ejemplo, pactar plazos de pago que excluyan del cómputo los períodos vacacionales; entre las segundas, por su parte, encontraríamos superar en más de veinte días el plazo de pago legal; y, por último, la consideración de muy grave se reservaría para aquellos casos en que el deudor excediera en más de sesenta días el plazo de pago, o bien falsificara las facturas con el fin de que no pudiese concretarse con exactitud un determinado plazo.

La proposición de ley contempla que cada rango de infracciones sea, a su vez, modulada en tres niveles: grado mínimo, grado medio y grado máximo. Teniendo en consideración las distintas graduaciones expuestas, el cuadro de sanciones posibles quedaría de la siguiente manera:

  • Infracciones leves:
  • Grado mínimo: multa de 60 a 405 euros.
  • Grado medio: multa de 406 a 815 euros.
  • Grado máximo: multa de 816 a 2.045 euros.
  • Infracciones graves:
  • Grado mínimo: multa de 2.046 a 8.195 euros.
  • Grado medio: multa de 8.196 a 20.490 euros.
  • Grado máximo: multa de 20.491 a 40.985 euros.
  • Infracciones muy graves:
  • Grado mínimo: multa de 40.986 a 163.955 euros.
  • Grado medio: multa de 163.956 a 409.890 euros.
  • Grado máximo: multa de 409.891 a 819.780 euros.

«La morosidad, pese a que constituye un incumplimiento de los contratos, se ha hecho económicamente provechosa para los deudores debido a los bajos intereses de demora aplicados, cuando no de la no aplicación de dichos intereses o de la lentitud de los procedimientos judiciales. Es necesario, por tanto, establecer incentivos para que los pagos se realicen sin demora»

Exposición de Motivos de la Proposición de Ley

En todo caso, atendiendo a que la finalidad de las sanciones es establecer un incentivo para el cumplimiento en plazo de los pagos, las mismas podrán ser reducidas hasta en un 70 % según que el deudor satisfaga al acreedor en los seis días posteriores a la notificación de la sanción, o en un 30 o 50 % para aquellos casos en que el pago se produzca a partir del séptimo día desde la notificación y antes de que hayan transcurrido treinta días. Se prevén igualmente unos plazos de prescripción, tanto de las infracciones como de las sanciones, de un año para las leves, dos años para las graves y cuatro años para las muy graves.

En definitiva, parece que nos encontramos ante el intento más serio y coherente que hayamos visto hasta la fecha en orden a mejorar los plazos de pago en las relaciones comerciales y poner fin a unas prácticas de dilación que, especialmente durante la crisis económica, han expuesto a PYMES y autónomos a situaciones delicadas que, en ocasiones, han supuesto el final de proyectos viables que se ahogaron simplemente por no percibir los cobros en plazo.

Siendo la ley de 2004 una buena norma en cuanto a sus intenciones, pero poco útil en la práctica por no prever consecuencias para los incumplidores, este nuevo proyecto que se debate en el Congreso la dotará del régimen sancionador de que carece actualmente y debe ser, indudablemente, un gran instrumento a favor de la salud de las operaciones mercantiles para acabar con la morosidad en relaciones comerciales.

Desde un despacho como RACMO Gestión, especializado en la gestión integral de recobro, seguiremos atentamente los avatares que pueda sufrir el proyecto hasta que vea la luz y se haga efectivo.

Por Javier Sandino Sánchez.

Tras cuatro paros parciales que comenzaron el pasado mes de abril, el 22 de mayo de 2018 tuvo lugar la primera huelga convocada conjuntamente de jueces y fiscales de la historia de España. Leer más

Desde Racmo, con motivo del 8 de marzo, un equipo de varias mujeres nos disponíamos a hacer una reflexión sobre la situación actual de la mujer, cuando una de nosotras comentó algo que nos dejó estupefactas. Viendo la prensa deportiva en internet, había descubierto en uno de los periódicos deportivos de mayor popularidad de este país, el diario Marca, una sección denominada “Marca en femenino”. Esta sección, recoge las noticias deportivas que, según este periódico, deben ser del interés de las mujeres. Vemos cómo la sociedad considera que la biología condiciona lo de “te debe gustar o interesar”, en función de tu género. Para no salir de nuestro asombro, el artículo más destacado de esta sección era “La vida de película de la campeona que pasó a ser Playboy” en la que se contaba la vida de una patinadora artística de la antigua Alemania del Este. El dato menos relevante de su vida, era que hubiera posado en una revista, porque lo había ganado todo en su deporte e incluso había sido espía para la RDA. Sin embargo el artículo comenzaba diciendo “El rostro más bello del socialismo…”. Imagino la tristeza de la protagonista al comprobar que toda su interesante vida se ve reducida a un bello rostro y una portada en top-less. Podríamos pensar que el desatino de este artículo era puntual, pero al lado de esta noticia, podíamos ver: “Garbiñe luce en la gala de los Oscar de Hollywood”, o “Mujeres saudíes corren con túnica y velo integral”. No hay más preguntas Señoría. La mera existencia de una sección del periódico “femenina”, ya es ofensiva por el prejuicio y la discriminación que supone hacer una selección de las noticias que deben interesar a las mujeres por su condición femenina. Además consideran lo masculino lo universal, puesto que no se especifica que el resto del periódico sea masculino. Solo se separa, sectorializa y discrimina lo femenino.

Vemos que, desde un punto de vista sociológico, debemos ser conscientes de que, cuando en este espacio tradicionalmente masculino como es el deporte, se introducen las mujeres, da lugar a dos prejuicios: que sus “diferencias físicas” las hacen menos competentes (por naturaleza siempre en desventaja); y que el deporte las masculiniza. Esto es, el deporte practicado por mujeres no es interesante porque como son inferiores físicamente no va a ser tan espectacular y competitivo como el masculino; o bien, si hay mujeres que sí alcanzan una fuerza y desempeño físico alto, son masculinas y causan desprecio.

Los cuerpos de muchas mujeres deportistas rompen con las expectativas de género, por lo que desconciertan en la medida en la que representan una amenaza a los estereotipos.

Por supuesto, esta situación encuentra un último complemento: la preeminencia en los medios de comunicación del juicio estético de las atletas, en un contexto de mirada masculina heterosexual, frente a la información sobre su rendimiento, regulando lo que ellos consideran un “necesario” equilibrio entre logros y feminidad. En el caso concreto del periódico antes comentado, se llega a segregar la información de interés “femenino”, y los titulares que recoge sobre mujeres deportistas solo hablan sobre cómo se visten, su atractivo físico, y si han posado en alguna revista de moda o similar.

Tradicionalmente se ha tratado a la mujer como “Lo Otro” del hombre. La vida se construye en virtud de la transcendencia del hombre y la idea de que la mujer es intrínseca a él, teniendo la visión de la mujer como aquello que existe para complementarlo e ir unido a su destino. Todas las enseñanzas y directrices que ha recibido la mujer a lo largo de la historia han estado encaminadas a que comprendiera que su vida y destino estaban irremediablemente ligados a la un varón (padre o esposo) y que la finalidad única de sus existencia era la de hacerle la vida más cómoda y sencilla.

Así se alimenta históricamente la mística de la feminidad y unido a ella, el problema que no tiene nombre: el sacrificio de la autorrealización para poner su vida al servicio de los demás. Su labor se circunscribe al ámbito doméstico-privado, el ámbito reproductivo, los cuidados, y el ámbito de las emociones y la expresividad de las mismas. Todo esto es lo que se considera la “naturaleza femenina”.

La aparición del feminismo conceptualiza el patriarcado como política sexual y las relaciones entre los sexos como relaciones políticas que demandan cambios, no solo públicos, sino también privados, con el eslogan: “lo personal es político”. La política sexual se asienta en los procesos de socialización de ambos sexos, que conforman la identidad. Debemos enfatizar la dimensión social de la experiencia subjetiva. Esto es, el concepto de lo “naturalmente femenino” es una construcción social, no un condicionante bilógico. La histórica supremacía masculina tiene unas consecuencias en el concepto que las mujeres tienen de sí mismas y de su lugar en el mundo. Los roles de género se inculcan desde el nacimiento y condicionan apariencia, comportamientos, actitudes, profesión, y en definitiva, toda la esfera pública y privada del ser humano.

Un ejemplo de lo anterior, es la tradicional división sexual del trabajo. Dicha división “natural” sexual del trabajo se asienta en una asunción de una heterosexualidad “natural”, y por tanto, de los roles “naturales” de mujer y hombre. Aun así, tal y como dijo Margaret Mead, “Un hombre puede cocinar, tejer, o vestir muñecas (…) pero si estas actividades se consideran como ocupaciones apropiadas para los hombres, entonces la sociedad entera las ve como algo importante. Cuando las mismas actividades están realizadas por mujeres, son consideradas menos importantes”. Efectivamente, los hombres son grandes chefs, modistos de prestigio, o diseñadores visionarios; mientras que esas mismas actividades, cuando se desarrollan por mujeres, se desprofesionalizan, restando importancia a su desempeño. Podemos considerar que esto es consecuencia del androcentrismo, es decir, la utilización de lo masculino como norma neutra-universal y la invisibilización de lo femenino. “Sólo el género femenino está marcado.  La persona universal y el género masculino están fusionados, definen a las mujeres en términos de su sexo, y a los hombres como portadores de la calidad universal de persona que trasciende su cuerpo” (Beauvoir).

Esto ha sido así hasta el punto de que el concepto del “género” comienza a utilizarse en un sentido no biológico a principios del siglo XX, para distinguirse del concepto del sexo. De este modo, se empieza a contraponer el sexo femenino como características bio-genéticas, al género femenino como el peso social y cultural de las mujeres en la sociedad. Así, hay que destacar, que la mujer no toma consciencia de sí misma y de su transcendencia como ser humano, al margen de su sexo, hasta finales del siglo XIX – principios del XX. El camino a recorrer sigue siendo aún muy largo y complejo, porque la desventaja de partida es enorme.

Nos encontramos en el momento de luchar contra los roles y normas de género tradicionales que perpetúan la desigualdad. El aprendizaje de estos roles de adultos, comienza en la niñez, por lo que es fundamental poner un cuidado escrupuloso en la forma en la educamos hoy a los niños. Juguetes, juegos, cuentos y películas infantiles, condicionan el concepto que tienen de sí mismas las niñas de hoy, y por lo tanto, las mujeres de la próxima generación.

Debemos revertir percepciones sociales que se traducen continuamente en situaciones discriminatorias, por ejemplo, en las relaciones laborales. Tenemos que ser conscientes de que existen diferentes violencias de género, y en el ámbito laboral, las mujeres son víctimas a diario. El equilibrio entre feminidad y autoridad es casi milagroso. Los hombres reafirman su masculinidad cuando aspiran y consiguen el poder, las mujeres pierden su feminidad si lo hacen. Podríamos decir que pierden en feminidad lo mismo que ganan en autoridad, y viceversa. Además se ejerce una violencia estética que condiciona la valía de la mujer en virtud de su apariencia. Se asimila la mujer directiva con éxito a una mujer egoísta, amargada y conflictiva. Todos estos conceptos asumidos como ciertos por la sociedad empujan a la mujer a ese punto del que hablábamos al inicio, el sacrificio de la autorrealización para poner su vida al servicio de los demás. Sólo así percibirá la aprobación de la sociedad. Como contrapunto, tenemos el concepto de “el calzonazos”. Si los hombres incorporan a su carácter cualidades tradicionalmente atribuidas al rol femenino (ternura, comprensión cuidados), les lleva a percibirse como blandos o poco viriles, lo que atenta contra su identidad sexual. De este modo, la maternidad condiciona fuertemente el desarrollo profesional de las mujeres y no el de los hombres. El hecho de que el tiempo de baja por maternidad/paternidad no sea el mismo, favorece la discriminación laboral de la mujer. Además del tiempo de baja, se da por hecho que, cuando una mujer tiene un hijo, se implica mucho más que un hombre en su crianza, y por tanto, eso va a mermar su capacidad de rendimiento laboral. Ningún empresario pensaría que un hombre se va a marchar de la oficina si le llaman de la guardería y le dicen que su hijo está enfermo, la conciencia social colectiva asume que ese tipo de situaciones las solventará siempre una mujer, ya que por su rol femenino, le pertenece la tarea familiar de los cuidados. La conciliación familiar no debe ser una reivindicación femenina, sino de toda la población. La equiparación del tiempo de baja de maternidad/paternidad y la normalización del desempeño de los hombres de los cuidados familiares en la misma medida que las mujeres, será un hito definitivo para avanzar con paso firme en la lucha contra la discriminación laboral de las mujeres.

Desde RACMO, nos revelamos contra las cifras generales de nuestro país, que nos dicen que las mujeres españolas sufrimos una brecha salarial de casi 4.000€/año de media con respecto a los hombres, que solo un tercio de los puestos directivos son ocupados por mujeres o que la maternidad supone el estancamiento o el fin de su carrera. En nuestra empresa de 204 trabajadores, 152 son mujeres, no existe brecha salarial, en los últimos 4 años, 18 trabajadoras han sido madres y a todas las que lo han solicitado se les ha facilitado la adaptación horaria, incluso 4 de ellas trabajan desde casa. Todas ellas mantienen los mismos cargos que antes de su maternidad, y dos de ellas ocupan posiciones de gran responsabilidad gestionando equipos.  Los puestos directivos están ocupados de manera proporcional a la distribución del resto de la plantilla (2/3 mujeres). Somos conscientes de que nuestra situación en RACMO no es representativa para la mayoría de las mujeres españolas, y además, las reivindicaciones por el 8 de marzo no son únicamente laborales, sino que afectan a la lucha contra la discriminación en todos los ámbitos de nuestra vida, por eso, apoyamos la movilización. Nos negamos a ser evaluadas por nuestro aspecto, nos negamos a ser juzgadas por nuestra carrera profesional, nos negamos a que otros decidan lo que debe interesarnos por ser mujeres, nos negamos a tener miedo a ser acosadas cuando salimos por calle, nos negamos a ser maltratadas porque un hombre nos con confunda con una posesión, y, en definitiva, nos negamos a que la biología condicione todas nuestras decisiones y experiencias vitales, por ello decimos que “La mujer no nace, se hace”, y se hace como ella decida, como contestación a la naturalización de la diferencia sexual, y frente a la idea de que “biología es destino”.

La gestión documental se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de todas las empresas. En la actualidad, dentro de nuestra actividad diaria, es muy importante tener este sistema de gestión documental bien integrado.

Cuando nos referimos a gestión documental tenemos que hacer mención a la definición que nos proporciona la Norma ISO 15489-1: “La gestión documental consiste en controlar de un modo eficiente y sistemático la creación, la recepción, el mantenimiento, la utilización y la disposición de los documentos”.

Para la actividad que desarrollamos, nos encontramos que los ‘documentos’ son un activo fundamental y en el que se sustenta la mayor parte de nuestro trabajo. En Racmo, nuestro departamento de Back Office y Documentación, desarrolla un amplio cometido con todas labores necesarias (revisión, análisis, etc.), durante todo el circuito de la interposición de las demandas o presentación de escritos, individualizando y teniendo en cuenta las necesidades propias de cada cliente. Incluimos dentro de nuestro campo de actividad, el tratamiento de los datos, pasando por todas aquellas gestiones y labores administrativas necesarias y fundamentales tanto en la gestión de grandes carteras como en el caso de clientes con necesidades más concretas. Una de estas labores se realiza a través de la digitalización de todos los documentos. Entre otras cosas, transformamos el ‘papel’ en documentación de formato digital favoreciendo el almacenaje, la distribución y el control de toda la información que manejamos.

gestión documental

Además contamos con un equipo especializado de técnicos (Techinical documentalist) con un elevado Know How jurídico que nos permite ofrecer un servicio de soporte a nuestros clientes altamente especializado.  También hay que destacar que dentro de este departamento hay una división con dedicación exclusiva al departamento de letrados. Este equipo entre otras cosas, se dedica a dar un soporte adicional en la preparación de la documentación para la interposición de demandas, presentación de escritos, en el envío de requerimientos y en la obtención de informes de solvencia.

Dentro de las funciones principales que realizan destacamos, a modo de resumen las siguientes:

 

  • Identificación del documento o notificación
  • Clasificación dentro de su procedimiento
  • Traslado a su responsable para la tramitación

 

Nuestro departamento de Back Office simplifica, refuerza y agiliza el tratamiento de la documentación recibida tanto de los juzgados como de nuestros clientes.