Actualmente, el acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas existentes en nuestro país: según los indicadores del CIS, desde 2017 se ha triplicado entre los españoles la preocupación al respecto. Una vez superado lo peor de la crisis económica, que se llevó por delante una gran cantidad de hipotecas y afectó sobremanera a la vivienda en propiedad, ahora las inquietudes surgen del incesante aumento del precio del alquiler que, según el Banco de España, ya supera los niveles precrisis e implica que, en determinadas regiones, el pago de la renta consuma hasta un 40 % de los ingresos del inquilino.

En este contexto de agitación social, en que diversas administraciones públicas especialmente, locales han debido poner en marcha medidas que pretenden paliar los efectos nocivos de este incremento y, en última instancia, facilitar el acceso a la vivienda a aquellos sectores, como los jóvenes, que puedan verse más comprometidos por su capacidad económica, el Gobierno Central decidió lanzar un paquete de medidas urgentes que, por una parte, pretende dotar de una mayor estabilidad y seguridad al arrendatario y, de otra parte, persigue tímidamente limitar el precio de los alquileres, si bien de manera indirecta mediante incentivos fiscales, establecimiento de índices de referencia y mayor control sobre el arrendamiento de viviendas con fines turísticos.

No obstante, la peculiar tramitación que ha sufrido el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, bien merece una breve reseña por cuanto, en sólo algunos meses, se han sucedido hasta cuatro regulaciones jurídicas sobre la materia. En efecto, respecto de la situación preexistente fruto, en gran parte, de la reforma liberalizadora de 2013, el 19 de diciembre de 2018 entró en vigor un Real Decreto-ley que tenía idéntico objeto que el finalmente aprobado; sin embargo, el mismo fue rechazado por el Congreso de los Diputados mediante su Acuerdo de 22 de enero de 2019. Ello, en todo caso, no fue obstáculo para que su contenido vinculara a los contratos celebrados durante aquellos días de vigencia de la norma.

Rechazado el primer Real Decreto-ley, el arrendamiento de vivienda habitual volvió a regirse por la normativa anterior, en tanto el Gobierno de la Nación recababa nuevos apoyos que, finalmente, cristalizaron en la convalidación a través de la Diputación Permanente del Congreso del segundo y definitivo Real Decreto-ley, en vigor desde el 6 de marzo.

Las grandes novedades que inserta la nueva regulación se refieren, especialmente, a la duración de los contratos de arrendamiento y de sus prórrogas. En lo esencial, se apuesta por volver al régimen que estableció originalmente la Ley de Arrendamientos Urbanos en 1994; esto es, prórroga obligatoria hasta 5 años (7 años cuando el arrendatario sea persona jurídica) y, pasados éstos, prórroga tácita por plazos anuales hasta un máximo de 3 años más. Otro plazo que se amplía es el previsto para comunicar la intención de no re- novar el contrato, que sube a 4 meses cuando parte del arrendador y a 2 meses cuando parte del arrendatario.

Junto a ello, otro aspecto relevante es la limitación de las garantías adicionales que puedan exigirse más allá del mes de fianza obligatoria, y que no podrán exceder de la cuan- tía de dos mensualidades de renta. Además, la actualización anual del precio deberá ser siempre inferior al posible aumento que marque el IPC. Por último, se prevé que el contrato de arrendamiento subsista en los casos de venta del inmueble a un tercero, incluso cuando el mismo no conste inscrito en el Registro de la Propiedad. Se hace preciso destacar que todas estas medidas no gozarán de carácter retroactivo, sino que se aplicarán a aquellos contratos celebrados desde el 6 de marzo.

Como puede observase, es indudable que la nueva normativa, más garantista, otorgará a los inquilinos una mayor tranquilidad y seguridad, pero no es del todo seguro que vaya a tener efectos relevantes sobre los precios del mercado. En relación con éstos, el Real Decreto-ley sobre vivienda y alquiler tiene verdaderamente un carácter muy descafeinado, probablemente motivado por los propios objetivos fijados: según el Gobierno, una función de limitación de precios sólo podría haberse llevado a cabo mediante ley ordinaria, por cuanto incide en un derecho fundamental como es la propiedad.

En última instancia, el «mandato» que contiene la norma dirigido al Ministerio de Fomento, por el que se prevé el establecimiento de índices de referencia, apenas tendrá eficacia directa en tanto lo fía todo a las eventuales bonificaciones fiscales que, con base en los índices, establezcan las Comunidades Autónomas.

Por lo tanto, no podemos dejar de tener la sensación de que, después de tan escabroso camino hasta su promulgación y convalidación, el Real Decreto-ley 7/2019 apenas afronta algunos de los problemas más acuciantes que afectan al acceso a la vivienda en alquiler y, en todo caso, aplaza sine die una auténtica reforma que pueda combatir el galopante incremento de las rentas, ya sea con medidas puramente limitativas o a través de un mayor desarrollo del parque público de viviendas. Entre tanto, nos conformaremos con que esta nueva norma no implique un nuevo aumento del precio en el mercado del alquiler, como han pronosticado algunos agentes relevantes del mercado inmobiliario.

Lorena Suárez Ramos

  • El desarrollo tecnológico se impone como la principal prioridad en el sector de la recuperación judicial, según el CEO de RACMO, Alfonso Cabeza.
  • “O volcamos nuestros esfuerzos en la tecnología o no tenemos nada que hacer en este negocio”.
  • “Apostar por la tecnología en la gestión de impagados, no solo nos permite ahorrar costes y tramitar mucho más volumen de trabajo en menos tiempo, sino que además acaba con el error humano”.

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La mediación, como medio de resolución de los conflictos alternativo al judicial, lleva más de veinte años intentando hacerse un hueco en España.
El pasado 11 de enero el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación para el establecimiento definitivo de la mediación como sistema complementario a la resolución extrajudicial de conflictos en materia familiar, civil y mercantil.
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Emilio Falceto Jarillo, Head of Operations de RACMO, junto con Nicolás Zavala de Konecta y José Carlos Rubio de Gescobro, fueron los ponentes encargados de explicar la operativa desarrollada actualmente por los Servicer. En resumen: Los encargados de convertir en líquido los activos.

El 21 de marzo se celebró en Madrid el 4º NPL Iberian Forum organizado por CMS Eventos. En esta intensa jornada para el sector del recobro, Racmo participó en un interesante debate sobre las mejores prácticas en Servicing y la consolidación del mercado de gestión de NPL en España.

racmo

Falceto habló de la importancia de la externalización de la gestión de carteras para que las empresas consigan resultados óptimos, “la especialización es clave y es lo que permite a empresas como RACMO permanecer en un mercado que, cada vez más, tiende a la centralización”, señaló.

Otro de los temas tratados y en los que los ponentes coincidieron en su opinión, es que las personas son el activo más importante de las empresas. También abordaron los importantes cambios en el sector que han traído las nuevas tecnologías, aunque, como puntualizó el Director de Operaciones de RACMO, “la inteligencia artificial tiene que ir unida a la inteligencia de negocio y en ese aspecto aún queda mucho trecho”.

Por último, el futuro del Servicing parece que tampoco plantea debate. Todos coincidieron en la concentración de empresas que se va a ir produciendo. Dos de las claves para mantenerse en el mercado que dio Emilio Falceto: profesionalidad y diferenciación.

Alfonso Cabeza, CEO de Racmo Gestión, intervino en el primer programa de “Finanzas y seguros 360” de Másqueunaradio.com. A lo largo de 45 minutos de  entrevista, Cabeza explicó qué es Racmo, a qué se dedica y por supuesto, cómo es el sector del recobro de deuda y cuáles son los retos a los que se enfrenta.

Todo empieza con la reclamación de una deuda, acto seguido se demuestra si es real o no esa deuda y si finalmente es real, empieza de verdad el trabajo para empresas como Racmo. Se puede reclamar de forma amistosa, prejudicial y judicial, siempre con procedimientos diseñados a la medida de cada cliente.

Lo que hace más de 10 años era un sector atomizado, ahora lo forman poco más de 6 o 7 empresas grandes e independientes de gestión de deuda. Las propias empresas que compran deuda también tienen sus plataformas de gestión interna pero muchas requieren del apoyo de empresas como Racmo.

Cabeza señaló que a lo largo de estos años el sector se ha profesionalizado en gran medida lo que ha conllevado una autorregulación rigurosa sobre todo por la importancia de la protección de datos.

Otros factores como el Big Data  y la Inteligencia Artificial, han hecho que el sector avance y se profesionalice a gran velocidad. Con estas tecnologías , cuando entra una cartera, se sabe de antemano como va a comportarse cotejando los datos de carteras anteriores. Se puede llegar a predecir el funcionamiento de los pagos incluso por provincias.

Al explicar las diferencias entre renegociación y recobro Cabeza aseguró que, “para que un país funcione, no se puede proteger al deudor profesional”

También se habló de las autoridades financieras como el Banco de España o el Banco Central Europeo, los cuales están obligando a los bancos a deshacerse de activos lo que hace que aumente la compra- venta de carteras pues además penalizan a las entidades por los activos improductivos.

Por último, hubo tiempo para hablar del futuro del sector. El gran reto es la inseguridad jurídica que el cambio de políticas y leyes conlleva en distintos sectores, siendo el hipotecario uno de los más damnificados.

Por otro lado se espera que haya una mayor integración del sector y se reduzcan los players, pero el punto culminante de la entrevista fue cuando a Cabeza se le preguntó: ¿Para cuándo una “Siri” en el sector del recobro?

A lo que Cabeza respondió que Racmo ya cuenta con una Inteligencia Artificial en el sector judicial desarrollada por una importante empresa británica que va mucho más allá de generar la demanda. Actualmente está implantada a un cincuenta por ciento y aseguró que además de reducir costes, también reduce errores.

Lo que puede parecer un sector aburrido y de “chupasangres”, como algunos se empeñan en calificar a estas empresas, es una puerta hacia un futuro tecnológico que garantice un mercado responsable para una economía sana.

Madrid, diciembre de 2018

En este año que termina, se han cumplido diez años del inicio de la famosa crisis económica. Diez años que pasarán a recordarse, en el sector bancario, como “La década de las ventas de carteras”.

Aunque este concepto no es nuevo y se remonta al inicio de los años noventa, ha sido ha raíz de la crisis cuando los bancos y las cajas de ahorros españolas, cuyos balances estaban cargados de créditos en situación de impago, retomaron con mayor fuerza la venta de carteras.

Con ellas las entidades financieras consiguen reducir  el impacto negativo de estas carteras en la cuenta de pérdidas y ganancias y en los ratios financieros de la entidad, así como los índices de morosidad, mejoran su liquidez con la entrada de caja adicional y reducen los costes de gestión de estos activos.

El “bum”de la venta de carteras, especialmente las carteras de créditos hipotecarios, trajo consigo la entrada en escena de muchos actores con grandes ansias de hacerse con el trozo de pastel más grande.

Alfonso Cabeza, CEO de Racmo, referente nacional en el ámbito de la recuperación de impagados e intermediación procesal, explica el ecosistema que han formado compañías de recuperación de deuda en el sector del crédito y cuáles son los retos de futuro en este negocio.

Cabeza habla de los inicios de las ventas de carteras destacando el “apetito voraz” de los actores recién llegados que, tratando de hacerse con las carteras que se ponían a la venta, llegaron a procesos competitivos en los que el riego asumido fue enorme. “Muchas de esas carteras no cumplieron las expectativas de rendimiento y de retorno que los Fondos se marcaron” señala.

Cabeza recuerda también, los continuos cambios legislativos y jurisprudenciales: “Los primeros años de las compraventas de carteras vivimos una época convulsa de cambios en la legislación e interpretación de la norma, que afectaba a la contratación del consumidor con las entidades bancarias, y por tanto, a la reclamación de los créditos impagados”.

A día de hoy Cabeza reconoce que se han profesionalizado los procesos de Due Diligence y se ha aumentado la exigencia. Vaticina un futuro en el que las carteras estarán bien tipificadas y bien vendidas, no habrá grandes sorpresas y las ganancias y las pérdidas serán coherentes porque se minimizarán los riesgos.

Este fue uno de los temas que se trataron recientemente el 10º Congreso Nacional de Crédito, el evento de referencia del sector del crédito en España, en el que Cabeza participó como ponente los pasados 28 y 29 de noviembre.

El 28 y 29 de noviembre se celebrará en Madrid el 10º Congreso Nacional de Crédito. En este evento se darán cita los principales expertos y empresas del sector, como Racmo, compañía independiente y líder en recuperación de deuda.

Madrid, noviembre de 2018 – Racmo Gestión, referente en la recuperación de deuda, estará presente en el 10º Congreso Nacional de Crédito que tendrá lugar los próximos 28 y 29 de noviembre en Madrid.

El CEO de la compañía, Alfonso Cabeza, participará en una de las ponencias principales del encuentro, titulada: “La década que nos inventamos las ventas de carteras”, en la que se explicará el ecosistema que han formado compañías de recuperación de deuda en el sector del crédito y cuáles son los retos de futuro en este negocio.

Otros de los temas a tratar durante las dos jornadas del 10º Congreso Nacional de Crédito serán las tres transformaciones a las que se enfrenta el sector: digital, regulatoria y ética. El Congreso Nacional de Crédito es el evento de referencia del sector del crédito en España y a lo largo de estas 10 ediciones, ha conseguido reunir a más de 5000 asistentes, 400 patrocinadores y casi 700 ponentes.

La compañía que preside Cabeza es uno de los referentes nacionales en el ámbito de la recuperación de impagados e intermediación procesal. Racmo cuenta con profesionales que acumulan más de 20 años de experiencia en el mundo financiero y del recobro.

Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. Incidencia de esta norma desde su publicación. Opinión.

En España, a diferencia de lo que ocurría en otros países desarrollados de nuestro entorno, como por ejemplo, en los Estados Unidos, la protección de los deudores individuales, así como la concesión de una segunda oportunidad para reiniciar su actividad profesional tras un periodo de insolvencia, no existían, sino que imperaba el principio general previsto en el artículo 1.911 del Código Civil, que establece que un deudor individual debe responder de sus deudas con sus bienes e ingresos presentes y futuros.

Fue en el año 2013 cuando, como consecuencia de la crisis financiera que estaba sufriendo nuestro país desde 2007, se empezaron a adoptar medidas de protección de las personas físicas, ya sean consumidores, empresarios individuales, profesionales o autónomos. No obstante, estas medidas resultaron insuficientes y el 30 de julio de 2015 entró en vigor la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

La novedad fundamental que prevé esta norma es el “beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho”, esto es, se permite que el deudor persona física pueda exonerarse del pasivo insatisfecho, toda vez concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa (artículo 178 bis Ley 22/2003). Por tanto, la ley de segunda oportunidad permite a los afectados liquidar todo su patrimonio para quedar exonerados de sus deudas. No se trata de una dación en pago selectiva, en la que el propio deudor puede elegir qué bienes desea liquidar, sino que se trata de liquidar la totalidad de su patrimonio y sólo en ese caso podrá acceder a la “exoneración del pasivo insatisfecho”.

Asimismo, para poder acogerse a dicho beneficio es necesario que el deudor sea de buena fe y que la solicitud de exoneración sea presentada por el propio deudor ante el Juez que esté conociendo del concurso.

Otra de las novedades que prevé la Ley 25/2015, es que las deudas que no hayan quedado exoneradas, deberán ser satisfechas por el deudor en un plazo de cinco años desde la conclusión del concurso, salvo que tuvieran un vencimiento posterior. Lo importante es que durante esos cinco años, dichas deudas no podrán generar ningún tipo de interés. Transcurridos estos cinco años, el Juez podrá reconocer el carácter definitivo de la exoneración del pasivo insatisfecho, previa audiencia del deudor y de los acreedores.

Por lo expuesto, podemos indicar que la Ley 25/2015 es un texto legal lleno de luces y sombras. Por un lado, establece un mecanismo de protección para los empresarios individuales, pues las personas físicas, a diferencia de lo que ocurría con las personas jurídicas, hasta la entrada en vigor de dicha Ley no podían acogerse al principio de limitación de la responsabilidad, sino que respondían de sus deudas con todos sus bienes presentes y futuros. Por tanto, es muy positivo implantar un sistema permita a esas personas que lo han perdido todo, comenzar de nuevo y emprender un nuevo camino profesional desde cero y sin la carga de todas las deudas que puedan haber generado en su etapa anterior. Además, así evitamos que estas personas se encuentren en una situación de exclusión social y la posible economía sumergida.

Por otro lado, y como hemos avanzado, no todo son ventajas, pues la aplicación del “beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho” también viene acompañada de una serie de inconvenientes:

En primer lugar, puede acarrear lo que los economistas llaman “riesgo moral” y que se refiere a un desincentivo en las buenas prácticas de los empresarios que proviene de no tener que asumir las consecuencias de sus acciones.

En segundo lugar, el hecho de otorgar una segunda oportunidad puede suponer un aumento de la demanda de crédito, no obstante, al exonerar el pasivo insatisfecho de los deudores, las entidades financieras pueden volverse más reacias a dicha concesión y por lo tanto, disminuir el crédito y aumentar su precio o empeorar sus condiciones.

Y en tercer lugar, no podemos olvidarnos de la posición en la que quedan los acreedores, pues de aplicarse la exoneración definitiva, éstos se quedan sin ningún mecanismo para reclamar sus créditos, y por tanto permanecen en una situación de total desventaja en relación con los deudores. Y no sólo en el caso de un acreedor principal, sino también en el caso del fiador o avalista o codeudor solidario, quien tampoco podrá ejercitar sus derechos frente al deudor exonerado. En suma, consideramos que los beneficios otorgados por la Ley de Segunda Oportunidad para las personas físicas son necesarios, no obstante, deben de construirse sobre una base de controles y sobretodo, con garantías tanto para los deudores, como para los acreedores, como para el mercado, quien también puede verse gravemente perjudicado.

Cristina Domínguez Esteve

De un tiempo a esta parte, el término «compliance» convive entre nosotros y cada vez goza de una mayor importancia en el mundo jurídico y empresarial. Prueba de la enorme relevancia que ha adquirido el compliance es que fue considerado como el tema jurídico del año en la II Edición de los Premios Expansión Jurídico, celebrada en 2017. En efecto, actualmente se trata del asunto que mayor atención capta entre los abogados de empresa, por encima incluso de temas de gran repercusión internacional como el Brexit, o de otros con tantísimo impacto en la sociedad como las cláusulas suelo.

El compliance –también llamado «cumplimiento normativo»– comienza a ganar protagonismo igualmente en pronunciamientos judiciales, como la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, núm. 316/2018, de 28 de junio, la cual lo define acertadamente como el «conjunto de normas de carácter interno, establecidas en la empresa a iniciativa del órgano de administración, con la finalidad de implementar en ella un modelo de organización y gestión eficaz e idóneo que le permita mitigar el riesgo de la comisión de delitos y exonerar a la empresa y, en su caso, al órgano de administración, de la responsabilidad penal de los delitos cometidos por sus directivos y empleados».

Por lo tanto, conviene echar la vista atrás y fijarnos en aquellos hitos que han conducido a que el cumplimiento normativo sea hoy unos de los temas de mayor efervescencia.

En primer lugar, hemos de tener presente que fue la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, la que introdujo en el Código Penal la responsabilidad de las personas jurídicas; lo hizo, además, de modo que no sólo se castigarían «aquellos delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su provecho, por las personas que tienen poder de representación en las mismas», sino que, como indicase la Exposición de Motivos de la citada Ley Orgánica, también se contemplaba «la responsabilidad por aquellas infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jurídica el debido control sobre sus empleados». Como vemos, ya desde 2010 se prevé en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las empresas tanto por los actos de sus administradores, como por los actos de cualquier empleado en los casos en que no haya existido una efectiva prevención que mitigara los riesgos de comisión de un delito.

Sin embargo, la reforma de 2010 resultó insuficiente por cuanto no recogía aquellas actitudes de buen gobierno que una empresa podría adoptar con el objetivo de ejercer un debido control sobre sus empleados. Tal situación cambió con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, la cual otorgó la redacción actual al art. 31 bis del Código Penal, donde se contempla que «la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión». Incluso, el propio art. 31 bis recoge los rasgos principales que habrá de cumplir un buen modelo de organización y gestión que, en su caso, pueda eximir de responsabilidad penal a la empresa.

Consideramos que fue esta modificación del Código Penal la que dio el espaldarazo definitivo a la implantación del compliance en España, una vez que se solventaron las dudas interpretativas que la primera redacción del art. 31 bis había generado, y toda vez que se delimitó el contenido del debido control que la empresa debía ejercer sobre sus empleados.

El siguiente gran hito que hemos de tener presente es la publicación en mayo de 2017 de la Norma UNE 19601, Sistemas de Gestión de Compliance Penal, la cual «establece los requisitos y facilita las directrices para adoptar, implementar, mantener y mejorar continuamente políticas de compliance penal y el resto de los elementos de un sistema de gestión de compliance penal en las organizaciones». Como vemos, es una norma de carácter nacional elaborada por la Asociación Española de Normalización, y cuya observancia y cumplimiento por parte de una empresa la hará merecedora de una certificación que acredite la eficacia de sus modelos de organización y gestión. Si bien existe una norma de carácter internacional con el mismo contenido –la ISO 19600–, ésta es una mera norma de directrices, no de requisitos, lo que la hace inapropiada para la obtención de un certificado.

Expuesto lo anterior, se hace necesario remarcar que la implantación de la Norma UNE 19601 por sí sola no implica una exoneración automática de la responsabilidad penal de la empresa, más allá de que pueda constituir un gran indicio de que la organización ha actuado diligentemente en el sentido de prevenir y mitigar los riesgos de comisión de un delito por parte de sus empleados.

Como bien indicara la Fiscalía General del Estado en su Circular 1/2016, referente a las modificaciones incluidas en el Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, los modelos de organización y gestión no pueden en ningún caso concebirse como una suerte de seguro frente a toda acción penal. Al contrario, estos modelos deberían ser una pieza más dentro de «una cultura corporativa de respeto a la Ley, donde la comisión de un delito constituya un acontecimiento accidental y la exención de pena, una consecuencia natural de dicha cultura».

En conclusión, podemos afirmar que el compliance es actualmente uno de los grandes retos a los que se enfrentan las empresas y que más trabajo dará a las asesorías jurídicas que pretendan implementar códigos éticos de buen gobierno en las mismas. En RACMO Gestión lo tuvimos claro y fuimos pioneros en ese sentido, incorporando a nuestro funcionamiento diario un eficaz sistema de organización y control que nos otorga las mayores garantías de cara a los desafíos que afronta la compañía. En nuestro caso, factores como el trato diario con deudores o la gestión de grandes cantidades de capital nos conducen a actuar con una enorme responsabilidad y a confiar en los mecanismos establecidos por la empresa para su debido control.

Por Lorena Suárez Ramos

España cuenta desde el 31 de diciembre de 2004 con una Ley de Lucha contra la Morosidad que trata de poner coto a la práctica habitual de demorar los pagos en las relaciones comerciales entre empresas, así como entre las administraciones y éstas.

Los principales hitos de la ley consisten en establecer un límite en el plazo para efectuar el pago –de 30 días si nada ha dispuesto el contrato y, en todo caso, de 60 días como máximo después de la fecha de recepción de las mercancías o la prestación de los servicios–, fijar los intereses de demora que habrá de abonar el deudor –un 8,00 % anual para el segundo semestre de 2018– y definir una serie de cláusulas y prácticas abusivas que habrán de considerarse nulas –como sería, por ejemplo, que un deudor pretendiese obtener una liquidez adicional a expensas del acreedor–.

Sin embargo, después de más de 13 años de vigencia de la norma, no parece que la misma haya conseguido sus objetivos fundamentales. Al respecto, merece la pena traer a colación algunos datos extraídos del XI Estudio de Riesgo de Crédito que impulsan Crédito y Caución, Iberinform y el IE Business School, según el cual sólo el 41 % de las empresas tienen un plazo medio de cobro inferior a los 60 días, siendo destacable que un 14 % de las empresas cobran habitualmente sus facturas incluso pasados 90 días. Por lo tanto, en un entorno en el que, según el citado Estudio, un 9 % de las empresas sufren riesgo real de quiebra a consecuencia de los retrasos en los cobros, parece evidente que hemos de replantearnos la efectividad y utilidad de la Ley de Lucha contra la Morosidad.

Esa misma reflexión ha llegado al Congreso de los Diputados, donde desde el año 2017 se tramita una Proposición de Ley de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales cuyo cometido es la creación de un régimen sancionador que penalice con mayor vehemencia las prácticas dilatadoras y que logre, de una vez por todas, erradicar una situación en la que las empresas morosas apenas sufren consecuencias por no pagar en el plazo estipulado.

Y es que, al respecto, no debemos pasar por alto que apenas una de cada diez empresas reclama a sus deudores los intereses de demora previstos en la Ley –temerosas muchas de ellas de perder clientes duraderos por la exigibilidad de tales intereses–, lo que nos indica que la norma actual no contiene herramientas eficaces para combatir la morosidad en relaciones comerciales.

Por este motivo, el nuevo régimen sancionador previsto otorga a las Comunidades Autónomas la potestad para, ya sea de oficio o a instancia de parte, velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley, para lo que se les facilita el gran instrumento que supone el nuevo sistema de sanciones.

En efecto, la proposición de ley contempla la distinción entre infracciones leves, graves y muy graves. Entre las primeras se encontraría, por ejemplo, pactar plazos de pago que excluyan del cómputo los períodos vacacionales; entre las segundas, por su parte, encontraríamos superar en más de veinte días el plazo de pago legal; y, por último, la consideración de muy grave se reservaría para aquellos casos en que el deudor excediera en más de sesenta días el plazo de pago, o bien falsificara las facturas con el fin de que no pudiese concretarse con exactitud un determinado plazo.

La proposición de ley contempla que cada rango de infracciones sea, a su vez, modulada en tres niveles: grado mínimo, grado medio y grado máximo. Teniendo en consideración las distintas graduaciones expuestas, el cuadro de sanciones posibles quedaría de la siguiente manera:

  • Infracciones leves:
  • Grado mínimo: multa de 60 a 405 euros.
  • Grado medio: multa de 406 a 815 euros.
  • Grado máximo: multa de 816 a 2.045 euros.
  • Infracciones graves:
  • Grado mínimo: multa de 2.046 a 8.195 euros.
  • Grado medio: multa de 8.196 a 20.490 euros.
  • Grado máximo: multa de 20.491 a 40.985 euros.
  • Infracciones muy graves:
  • Grado mínimo: multa de 40.986 a 163.955 euros.
  • Grado medio: multa de 163.956 a 409.890 euros.
  • Grado máximo: multa de 409.891 a 819.780 euros.

«La morosidad, pese a que constituye un incumplimiento de los contratos, se ha hecho económicamente provechosa para los deudores debido a los bajos intereses de demora aplicados, cuando no de la no aplicación de dichos intereses o de la lentitud de los procedimientos judiciales. Es necesario, por tanto, establecer incentivos para que los pagos se realicen sin demora»

Exposición de Motivos de la Proposición de Ley

En todo caso, atendiendo a que la finalidad de las sanciones es establecer un incentivo para el cumplimiento en plazo de los pagos, las mismas podrán ser reducidas hasta en un 70 % según que el deudor satisfaga al acreedor en los seis días posteriores a la notificación de la sanción, o en un 30 o 50 % para aquellos casos en que el pago se produzca a partir del séptimo día desde la notificación y antes de que hayan transcurrido treinta días. Se prevén igualmente unos plazos de prescripción, tanto de las infracciones como de las sanciones, de un año para las leves, dos años para las graves y cuatro años para las muy graves.

En definitiva, parece que nos encontramos ante el intento más serio y coherente que hayamos visto hasta la fecha en orden a mejorar los plazos de pago en las relaciones comerciales y poner fin a unas prácticas de dilación que, especialmente durante la crisis económica, han expuesto a PYMES y autónomos a situaciones delicadas que, en ocasiones, han supuesto el final de proyectos viables que se ahogaron simplemente por no percibir los cobros en plazo.

Siendo la ley de 2004 una buena norma en cuanto a sus intenciones, pero poco útil en la práctica por no prever consecuencias para los incumplidores, este nuevo proyecto que se debate en el Congreso la dotará del régimen sancionador de que carece actualmente y debe ser, indudablemente, un gran instrumento a favor de la salud de las operaciones mercantiles para acabar con la morosidad en relaciones comerciales.

Desde un despacho como RACMO Gestión, especializado en la gestión integral de recobro, seguiremos atentamente los avatares que pueda sufrir el proyecto hasta que vea la luz y se haga efectivo.

Por Javier Sandino Sánchez.