Mediación en procesos judiciales

La mediación, como medio de resolución de los conflictos alternativo al judicial, lleva más de veinte años intentando hacerse un hueco en España.
El pasado 11 de enero el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación para el establecimiento definitivo de la mediación como sistema complementario a la resolución extrajudicial de conflictos en materia familiar, civil y mercantil.

En algunas leyes se han introducido reformas para incorporar la mediación entre sus servicios como: la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

La reforma se basa en:
•La obligación de asistir a una mediación previa a acudir a la vía judicial.
•La incorporación en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita la mediación como uno de los servicios incluidos en la asistencia jurídica gratuita.
•Descongestionar la carga de trabajo de los juzgados.
•Dotar de mayor rapidez los procedimientos acortando los tiempos de respuesta de la Justicia.
•Beneficios de cara a la vía judicial, destacando el menor coste tanto económico como personal para las partes, destacando que no se requiere abogado ni procurador.

Se deja atrás el modelo de la mediación basado en el carácter exclusivamente voluntario, y se opta por el modelo de “obligatoriedad mitigada”, estableciendo como requisito necesario someterse a la mediación para poder acceder a la vía judicial. Las partes están obligadas a un intento de mediación previo a la interposición de la demanda en aquellos casos que recoge la Ley, o cuando el Tribunal considere conveniente que las partes se sometan a la mediación.

Esto no supone una obligación de realizar todo el proceso de mediación o llegar a un acuerdo, sino que se obliga a celebrar una sesión informativa y una sesión exploratoria seis meses antes a la interposición de la demanda.
Es obligatoria la asistencia de las partes. En el supuesto de personas jurídicas, deben asistir el representante legal o aquella persona a la que otorguen poder.

La mediación se puede dar en dos supuestos:
– La mediación extrajudicial, que se entiende como aquella obligatoria y previa para acceder a la vía judicial. El plazo máximo para el proceso de la mediación previo al judicial es de tres meses desde la recepción de la solicitud, durante los cuales los plazos de prescripción y caducidad de las acciones se mantendrán en suspensión.
– La mediación intrajudicial, siempre que no se hubiere intentando previamente. Se dará tras analizar el caso por el Tribunal y éste considere conveniente que las partes se sometan a la mediación.

Como novedad destacada, se introduce la derivación a la mediación durante un procedimiento judicial.
En los procedimientos declarativos, la derivación a la mediación se puede producir tanto en primera como en segunda instancia, pero en esta última únicamente se podrá acordar cuando no se hubiese derivado en la primera instancia y siempre que sea previsible la posibilidad de llegar a un acuerdo en la mediación.

Esto mismo ocurre en la ejecución hipotecaria, ya que establece como requisito necesario el intento de mediación en aquellos casos que se exija el pago de deudas garantizadas por hipoteca sobre vivienda habitual del deudor o de su familia.

Sin embargo, en el ámbito de la ejecución no se ha determinado una regulación que establezca la derivación a la mediación equivalente a los procedimientos declarativos, puesto que ya existe un pronunciamiento judicial que ha resuelto el conflicto, sin perjuicio de que las partes puedan acudir a ella si así lo desean.

Otra de las novedades incluida en el Anteproyecto es el establecimiento de nuevas reglas en la condena en costas, ya que según establece, no habrá pronunciamiento de costas a favor de aquel que hubiese incumplido la “obligación mitigada” de la mediación.

Se incluye además, la inscripción obligatoria de los mediadores, en aquellos casos en los que se exija el intento de mediación previo o en la derivación judicial, en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación dependiente del Ministerio de Justicia o en los registros de mediadores de las Comunidades Autónomas, como garantía de que el mediador goza de cualificación especial.

Quien vaya a presentar demanda designará al mediador entre los consten inscritos en dicho registro. Si la parte contraria no aceptase al mediador designado y no se llegase a un acuerdo para la designación, el registro procederá al nombramiento de manera aleatoria de un titular y suplente. En el supuesto de derivación judicial se concederá un plazo de cinco días para el nombramiento del mediador, siguiendo el mismo trámite explicado.

Si declarasen haber llegado a un acuerdo podrán desistir del proceso comunicándoselo al Tribunal para que archive la causa y solicitar que se homologue. Una vez homologado judicialmente tendrá los efectos otorgados por la Ley y será susceptible de ejecución ante el mismo Juzgado que conoció del proceso.

Las partes podrán, de común acuerdo, solicitar la suspensión del procedimiento para someterse a la mediación. En el caso de no llegar a un acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar que se alce la suspensión y se continúe el procedimiento.

Esta reforma entrará en vigor a los tres años de la publicación en el Boletín Oficial del Estado para conseguir la máxima difusión y adaptación reglamentaria y promover la presencia de mediadores. También se establece el plazo de un año para introducir la asignatura de la mediación como obligatoria en aquellos grados que el Consejo de Ministros determine, como por ejemplo el Grado en Derecho.

La conclusión a la que podemos llegar es que estamos ante un cambio en la sociedad en la manera de buscar la solución a sus conflictos, pudiendo llegar a un acuerdo de la mano de la mediación, para intentar salvaguardar las relaciones entre las partes, y darle otra visión a los problemas y a su manera de solucionarse.

Queda todavía mucho trabajo por delante, pero todo lo que se ha conseguido hasta ahora nos hace ver que soplan aires nuevos para la mediación.

Raquel López Biedma

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