España cuenta desde el 31 de diciembre de 2004 con una Ley de Lucha contra la Morosidad que trata de poner coto a la práctica habitual de demorar los pagos en las relaciones comerciales entre empresas, así como entre las administraciones y éstas.

Los principales hitos de la ley consisten en establecer un límite en el plazo para efectuar el pago –de 30 días si nada ha dispuesto el contrato y, en todo caso, de 60 días como máximo después de la fecha de recepción de las mercancías o la prestación de los servicios–, fijar los intereses de demora que habrá de abonar el deudor –un 8,00 % anual para el segundo semestre de 2018– y definir una serie de cláusulas y prácticas abusivas que habrán de considerarse nulas –como sería, por ejemplo, que un deudor pretendiese obtener una liquidez adicional a expensas del acreedor–.

Sin embargo, después de más de 13 años de vigencia de la norma, no parece que la misma haya conseguido sus objetivos fundamentales. Al respecto, merece la pena traer a colación algunos datos extraídos del XI Estudio de Riesgo de Crédito que impulsan Crédito y Caución, Iberinform y el IE Business School, según el cual sólo el 41 % de las empresas tienen un plazo medio de cobro inferior a los 60 días, siendo destacable que un 14 % de las empresas cobran habitualmente sus facturas incluso pasados 90 días. Por lo tanto, en un entorno en el que, según el citado Estudio, un 9 % de las empresas sufren riesgo real de quiebra a consecuencia de los retrasos en los cobros, parece evidente que hemos de replantearnos la efectividad y utilidad de la Ley de Lucha contra la Morosidad.

Esa misma reflexión ha llegado al Congreso de los Diputados, donde desde el año 2017 se tramita una Proposición de Ley de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales cuyo cometido es la creación de un régimen sancionador que penalice con mayor vehemencia las prácticas dilatadoras y que logre, de una vez por todas, erradicar una situación en la que las empresas morosas apenas sufren consecuencias por no pagar en el plazo estipulado.

Y es que, al respecto, no debemos pasar por alto que apenas una de cada diez empresas reclama a sus deudores los intereses de demora previstos en la Ley –temerosas muchas de ellas de perder clientes duraderos por la exigibilidad de tales intereses–, lo que nos indica que la norma actual no contiene herramientas eficaces para combatir la morosidad en relaciones comerciales.

Por este motivo, el nuevo régimen sancionador previsto otorga a las Comunidades Autónomas la potestad para, ya sea de oficio o a instancia de parte, velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley, para lo que se les facilita el gran instrumento que supone el nuevo sistema de sanciones.

En efecto, la proposición de ley contempla la distinción entre infracciones leves, graves y muy graves. Entre las primeras se encontraría, por ejemplo, pactar plazos de pago que excluyan del cómputo los períodos vacacionales; entre las segundas, por su parte, encontraríamos superar en más de veinte días el plazo de pago legal; y, por último, la consideración de muy grave se reservaría para aquellos casos en que el deudor excediera en más de sesenta días el plazo de pago, o bien falsificara las facturas con el fin de que no pudiese concretarse con exactitud un determinado plazo.

La proposición de ley contempla que cada rango de infracciones sea, a su vez, modulada en tres niveles: grado mínimo, grado medio y grado máximo. Teniendo en consideración las distintas graduaciones expuestas, el cuadro de sanciones posibles quedaría de la siguiente manera:

  • Infracciones leves:
  • Grado mínimo: multa de 60 a 405 euros.
  • Grado medio: multa de 406 a 815 euros.
  • Grado máximo: multa de 816 a 2.045 euros.
  • Infracciones graves:
  • Grado mínimo: multa de 2.046 a 8.195 euros.
  • Grado medio: multa de 8.196 a 20.490 euros.
  • Grado máximo: multa de 20.491 a 40.985 euros.
  • Infracciones muy graves:
  • Grado mínimo: multa de 40.986 a 163.955 euros.
  • Grado medio: multa de 163.956 a 409.890 euros.
  • Grado máximo: multa de 409.891 a 819.780 euros.

«La morosidad, pese a que constituye un incumplimiento de los contratos, se ha hecho económicamente provechosa para los deudores debido a los bajos intereses de demora aplicados, cuando no de la no aplicación de dichos intereses o de la lentitud de los procedimientos judiciales. Es necesario, por tanto, establecer incentivos para que los pagos se realicen sin demora»

Exposición de Motivos de la Proposición de Ley

En todo caso, atendiendo a que la finalidad de las sanciones es establecer un incentivo para el cumplimiento en plazo de los pagos, las mismas podrán ser reducidas hasta en un 70 % según que el deudor satisfaga al acreedor en los seis días posteriores a la notificación de la sanción, o en un 30 o 50 % para aquellos casos en que el pago se produzca a partir del séptimo día desde la notificación y antes de que hayan transcurrido treinta días. Se prevén igualmente unos plazos de prescripción, tanto de las infracciones como de las sanciones, de un año para las leves, dos años para las graves y cuatro años para las muy graves.

En definitiva, parece que nos encontramos ante el intento más serio y coherente que hayamos visto hasta la fecha en orden a mejorar los plazos de pago en las relaciones comerciales y poner fin a unas prácticas de dilación que, especialmente durante la crisis económica, han expuesto a PYMES y autónomos a situaciones delicadas que, en ocasiones, han supuesto el final de proyectos viables que se ahogaron simplemente por no percibir los cobros en plazo.

Siendo la ley de 2004 una buena norma en cuanto a sus intenciones, pero poco útil en la práctica por no prever consecuencias para los incumplidores, este nuevo proyecto que se debate en el Congreso la dotará del régimen sancionador de que carece actualmente y debe ser, indudablemente, un gran instrumento a favor de la salud de las operaciones mercantiles para acabar con la morosidad en relaciones comerciales.

Desde un despacho como RACMO Gestión, especializado en la gestión integral de recobro, seguiremos atentamente los avatares que pueda sufrir el proyecto hasta que vea la luz y se haga efectivo.

Por Javier Sandino Sánchez.

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