Huelga de jueces y fiscales

Tras cuatro paros parciales que comenzaron el pasado mes de abril, el 22 de mayo de 2018 tuvo lugar la primera huelga convocada conjuntamente de jueces y fiscales de la historia de España.

Es la primera vez que un número tan elevado de miembros de la carrera judicial se pone en pie y endurece su postura hasta el punto de poner en apuros a un Gobierno. Alrededor de la mitad de los miembros de los colectivos de jueces y fiscales, apoyaron la jornada de huelga convocada conjuntamente por las cuatros asociaciones de la judicatura y las tres del Ministerio público para reivindicar la modernización de la Justicia y la mejora de las condiciones personales y laborales de jueces y fiscales.

Con esta huelga querían trasladar la disconformidad y el malestar con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno y los grupos parlamentarios ante la ausencia de respuesta por parte de éstos a sus reivindicaciones. Entre ellas, destacan, por parte de los jueces, el respeto a la independencia judicial, puesto que entienden que actualmente no existe una separación de poderes real y efectiva, lo que conculca la esencia de nuestra democracia. A su vez, también solicitan la equivalencia con la media europea de número de jueces y la modernización de la Administración de Justicia.

Por el lado de los fiscales, reivindican la atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado, así como la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia. El apoyo a la huelga ha sido rotundo y se refleja en la repercusión de la noticia tanto a nivel nacional como internacional. Incluso han mostrado su apoyo el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia, lo que pilló desprevenido al CGPJ y al Gobierno. El paro en la actividad judicial afectó a prácticamente la totalidad de los juzgados de toda España.

Esto debe suponer para el nuevo Gobierno, una importante alerta, puesto que los colectivos de jueces y fiscales han dado una tregua en sus movilizaciones para dar tiempo al nuevo Ejecutivo a estudiar sus propuestas y darles respuesta, pero no se van a olvidar del hito que consiguieron el pasado 22 de mayo, y si no obtienen la atención que solicitan, volverán a la carga. Por supuesto, esta huelga ha tenido consecuencias. Se suspendieron numerosos juicios en toda España, y las asociaciones convocantes han lamentado los perjuicios ocasionados a los ciudadanos.

En nuestro sector, en el que por ejemplo, un procedimiento monitorio puede tardar en tramitarse hasta 18 meses según el Juzgado que conozca del caso (eso sin oposición), el parón de una jornada puede conllevar el incremento del tiempo de tramitación al menos 2-3 meses, siendo muy optimista. Hay que tener en cuenta que muchos de los señalamientos suspendidos en la jornada de huelga, se están volviendo a señalar para 2020.

Un acontecimiento que paraliza la actividad judicial durante una jornada en toda España afecta al recobro, y por tanto, a las curvas de rendimiento de las carteras de nuestros clientes, más aún en el segundo cuatrimestre, que históricamente es el de mejor resultado de recuperación judicial del año. Desde luego, el 2018 está siendo complicado para este sector en lo que a la reclamación judicial de deuda se refiere. A la paralización de los procedimientos por causas como las consultas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en temas de cesión de créditos y clausulas de vencimiento anticipado, el endurecimiento de la protección al consumidor que hace cada vez más complicada la reclamación judicial de deuda, o la entrada en vigor de la nueva normativa europea de protección de datos sin que se haya aprobado la nueva LOPD nacional, ahora hay que sumarle el contratiempo de la huelga, y la amenaza de que se pueda repetir pronto.

Si la situación de retraso de la justicia ya era preocupante antes de la jornada de la huelga, un escenario de paros continuados nos acerca a un panorama catastrófico. Es importante que, en este punto, las asociaciones de jueces y fiscales evalúen el daño producido y valoren la posibilidad de encauzar las negociaciones sin que se vuelvan a convocar paros que la Justicia española no puede permitirse.

Es cierto que la llegada de Lexnet como sistema de gestión telemática de Justicia, con el que se buscaba eliminar el papel y agilizar el trabajo, no ha sido lo eficiente que debería. La deficiente formación del personal complica la normal implantación de dicho instrumento. Además de ello, la falta de medios de los Tribunales y Juzgados hace imposible que se pueda poner al día el trabajo atrasado y gestionar con agilidad lo nuevo para no volver a acumular el retraso actual. No obstante, en este punto, también debería hacerse un cierto examen de conciencia por parte de los trabajadores de Justicia. No siempre la predisposición a aceptar los cambios y aprender a utilizar los nuevos sistemas operativos, ha sido la mejor. Todos los que tenemos contacto diario con los Juzgados somos conscientes de que existen muchos vicios adquiridos en la gestión, que son difíciles de revertir. No podemos decir que el retraso y la acumulación de trabajo en justicia se deban en su totalidad a la falta de medios.

En cualquier caso, valoramos positivamente la movilización del 22 de mayo, entendida en un contexto de necesidad de mejoras y de cambio de inercia en la Justicia española, confiamos en que todos los agentes implicados tomen las medidas oportunas, para que se garantice la independencia de jueces y fiscales, y se preste un servicio ágil, que cuente con los medios necesarios para cumplir sus funciones.

 

Por Raquel López Biedma

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