carga financiera

Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. Incidencia de esta norma desde su publicación. Opinión.

En España, a diferencia de lo que ocurría en otros países desarrollados de nuestro entorno, como por ejemplo, en los Estados Unidos, la protección de los deudores individuales, así como la concesión de una segunda oportunidad para reiniciar su actividad profesional tras un periodo de insolvencia, no existían, sino que imperaba el principio general previsto en el artículo 1.911 del Código Civil, que establece que un deudor individual debe responder de sus deudas con sus bienes e ingresos presentes y futuros.

Fue en el año 2013 cuando, como consecuencia de la crisis financiera que estaba sufriendo nuestro país desde 2007, se empezaron a adoptar medidas de protección de las personas físicas, ya sean consumidores, empresarios individuales, profesionales o autónomos. No obstante, estas medidas resultaron insuficientes y el 30 de julio de 2015 entró en vigor la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

La novedad fundamental que prevé esta norma es el “beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho”, esto es, se permite que el deudor persona física pueda exonerarse del pasivo insatisfecho, toda vez concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa (artículo 178 bis Ley 22/2003). Por tanto, la ley de segunda oportunidad permite a los afectados liquidar todo su patrimonio para quedar exonerados de sus deudas. No se trata de una dación en pago selectiva, en la que el propio deudor puede elegir qué bienes desea liquidar, sino que se trata de liquidar la totalidad de su patrimonio y sólo en ese caso podrá acceder a la “exoneración del pasivo insatisfecho”.

Asimismo, para poder acogerse a dicho beneficio es necesario que el deudor sea de buena fe y que la solicitud de exoneración sea presentada por el propio deudor ante el Juez que esté conociendo del concurso.

Otra de las novedades que prevé la Ley 25/2015, es que las deudas que no hayan quedado exoneradas, deberán ser satisfechas por el deudor en un plazo de cinco años desde la conclusión del concurso, salvo que tuvieran un vencimiento posterior. Lo importante es que durante esos cinco años, dichas deudas no podrán generar ningún tipo de interés. Transcurridos estos cinco años, el Juez podrá reconocer el carácter definitivo de la exoneración del pasivo insatisfecho, previa audiencia del deudor y de los acreedores.

Por lo expuesto, podemos indicar que la Ley 25/2015 es un texto legal lleno de luces y sombras. Por un lado, establece un mecanismo de protección para los empresarios individuales, pues las personas físicas, a diferencia de lo que ocurría con las personas jurídicas, hasta la entrada en vigor de dicha Ley no podían acogerse al principio de limitación de la responsabilidad, sino que respondían de sus deudas con todos sus bienes presentes y futuros. Por tanto, es muy positivo implantar un sistema permita a esas personas que lo han perdido todo, comenzar de nuevo y emprender un nuevo camino profesional desde cero y sin la carga de todas las deudas que puedan haber generado en su etapa anterior. Además, así evitamos que estas personas se encuentren en una situación de exclusión social y la posible economía sumergida.

Por otro lado, y como hemos avanzado, no todo son ventajas, pues la aplicación del “beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho” también viene acompañada de una serie de inconvenientes:

En primer lugar, puede acarrear lo que los economistas llaman “riesgo moral” y que se refiere a un desincentivo en las buenas prácticas de los empresarios que proviene de no tener que asumir las consecuencias de sus acciones.

En segundo lugar, el hecho de otorgar una segunda oportunidad puede suponer un aumento de la demanda de crédito, no obstante, al exonerar el pasivo insatisfecho de los deudores, las entidades financieras pueden volverse más reacias a dicha concesión y por lo tanto, disminuir el crédito y aumentar su precio o empeorar sus condiciones.

Y en tercer lugar, no podemos olvidarnos de la posición en la que quedan los acreedores, pues de aplicarse la exoneración definitiva, éstos se quedan sin ningún mecanismo para reclamar sus créditos, y por tanto permanecen en una situación de total desventaja en relación con los deudores. Y no sólo en el caso de un acreedor principal, sino también en el caso del fiador o avalista o codeudor solidario, quien tampoco podrá ejercitar sus derechos frente al deudor exonerado. En suma, consideramos que los beneficios otorgados por la Ley de Segunda Oportunidad para las personas físicas son necesarios, no obstante, deben de construirse sobre una base de controles y sobretodo, con garantías tanto para los deudores, como para los acreedores, como para el mercado, quien también puede verse gravemente perjudicado.

Cristina Domínguez Esteve

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